La ley de financiamiento universitario llega a los tribunales: el Gobierno y las universidades se sientan frente al juez

El conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales vuelve a tener una cita en los tribunales, y esta vez el escenario es una audiencia convocada por el juez federal Martín Cormick. El magistrado del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 citó para este viernes a representantes del Gobierno nacional, de la Universidad de Buenos Aires y del Consejo Interuniversitario Nacional con un objetivo claro: intentar acercar posiciones en una disputa que ya lleva meses de idas y vueltas y que no encuentra salida.

La reunión se da en un contexto de máxima tensión. Docentes y no docentes mantienen un paro nacional que se extiende hasta el sábado, con el reclamo puesto en la aplicación efectiva de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y en la recomposición salarial. Las aulas vacías son el síntoma más visible de un conflicto que ya trascendió lo gremial y se instaló como una cuestión de Estado.

El Ejecutivo, por su parte, sostiene que ya cumplió con el presupuesto asignado, mientras las universidades insisten en que los fondos no alcanzan y que los aumentos salariales acordados están muy por debajo de la inflación. La ley, sancionada por el Congreso en 2025, estableció mecanismos de recomposición del financiamiento, pero su aplicación quedó trabada en una madeja de interpretaciones y recursos judiciales.

La audiencia fue impulsada por un pedido de la UBA, que busca poner sobre la mesa no solo los salarios, sino también los recursos destinados a hospitales universitarios, gastos de funcionamiento y partidas para ciencia y tecnología. El CIN, aunque había manifestado reparos y reclamaba que se avance directamente con el cumplimiento de la medida cautelar vigente, finalmente confirmó que concurrirá a la convocatoria.

El centro de la discusión es la cautelar que quedó firme luego de la intervención de la Corte Suprema, y que obliga al Estado a avanzar con disposiciones vinculadas a la actualización de los salarios universitarios y las becas estudiantiles. Para el sistema universitario, la audiencia representa una oportunidad para plantear ante el juez el cumplimiento de las decisiones judiciales y exigir los fondos que consideran necesarios para garantizar el funcionamiento de las casas de altos estudios.

Del otro lado, el Gobierno mantiene su postura respecto del alcance de las obligaciones presupuestarias. La estrategia oficial ha sido insistir en que ya se hicieron los ajustes necesarios y que las universidades deben administrar mejor los recursos disponibles. Pero los números no acompañan: las universidades advierten que los presupuestos actuales no permiten sostener ni la infraestructura básica ni los programas de investigación.

El juez Cormick buscará que las partes expongan sus posiciones y puedan encontrar un punto de acuerdo, aunque el escenario no parece propicio para un entendimiento rápido. El conflicto ya tuvo varias instancias judiciales, paros, marchas y declaraciones cruzadas. Las universidades, que durante gran parte de la era Milei mantuvieron un fuerte activismo en las calles, no muestran señales de ceder.

El financiamiento universitario es uno de los frentes más calientes de la agenda política. La ley que ahora se discute en los tribunales fue una de las banderas de la oposición en el Congreso, y su aplicación se convirtió en un termómetro de la relación entre el Gobierno y el sistema científico-educativo. La audiencia de este viernes no resolverá el conflicto de fondo, pero puede ser un paso hacia un acuerdo o, por el contrario, una nueva trinchera en una pelea que parece lejos de terminar.

Por ahora, las universidades siguen de paro, los salarios siguen congelados y las aulas esperan. El juez Cormick tiene la palabra, pero la solución, como siempre, está en manos de los políticos.