Diputados dio dictamen a Inocencia Fiscal II: los funcionarios quedaron excluidos de sus beneficios

La Cámara de Diputados avanzó este miércoles con el proyecto de Inocencia Fiscal II, una de las principales iniciativas económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei para la segunda mitad del año. El oficialismo consiguió dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación General y ahora apunta a tratarlo en el recinto el próximo 26 de agosto.

Para reunir las firmas necesarias, La Libertad Avanza aceptó modificar uno de los puntos más cuestionados de la propuesta original: los funcionarios de los tres poderes del Estado quedaron excluidos de los beneficios y presunciones de inocencia fiscal, aunque podrán utilizar el régimen simplificado de Ganancias para presentar sus declaraciones juradas y pagar los saldos correspondientes.

La modificación contempla a quienes hayan ejercido funciones públicas durante los últimos cinco años. De esta manera, podrán utilizar el sistema como mecanismo operativo para cumplir con sus obligaciones tributarias, pero no accederán a las protecciones del régimen, como la presunción de exactitud de sus declaraciones, la liberación de determinadas fiscalizaciones o los beneficios vinculados a la exteriorización de fondos no declarados.

El dictamen obtuvo 44 firmas, una de ellas en disidencia, con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Producción y Trabajo, Innovación Federal e Independencia. Provincias Unidas acompañó con disidencia.

Qué cambia con Inocencia Fiscal II

El proyecto busca ampliar el alcance del Régimen Simplificado de Ganancias. A diferencia de la normativa vigente, que establece determinados límites de ingresos y patrimonio para acceder al sistema, la nueva propuesta habilita a incorporarse a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, siempre que hayan mantenido esa condición fiscal durante todo el período correspondiente a la declaración jurada.

Otro de los cambios está relacionado con el concepto de “discrepancia significativa”, que determina cuándo ARCA puede dejar sin efecto la presunción de exactitud de una declaración y avanzar con una fiscalización.

El proyecto mantiene como referencia una diferencia de al menos el 15% respecto de lo declarado, pero incorpora un piso monetario para evitar que pequeñas diferencias activen automáticamente la pérdida del beneficio. Según el texto analizado en comisión, ese umbral equivale al 5% del monto previsto en el Régimen Penal Tributario y representa actualmente unos $5 millones.

La iniciativa también incorpora precisiones sobre la presunción de exactitud en el IVA y establece qué períodos del impuesto quedan comprendidos por el régimen. La protección no alcanzará los casos en los que se detecten facturas apócrifas o ingresos computados de manera indebida.

La discusión por los funcionarios

Uno de los momentos de mayor tensión durante el debate se produjo cuando la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz cuestionó el cambio de postura del oficialismo respecto de los funcionarios públicos.

La legisladora recordó que días atrás el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Álvarez, había defendido que no debía establecerse una sospecha general sobre las personas políticamente expuestas. Sin embargo, tras las negociaciones con los bloques aliados, el oficialismo terminó incorporando una exclusión específica para los funcionarios.

Tolosa Paz pidió que se explicaran los fundamentos de la modificación, pero no obtuvo una respuesta concreta. La sesión terminó poco después de que el presidente de la comisión de Presupuesto diera por concluido el debate.

Desde la UIF, Álvarez sostuvo durante su exposición que la reforma no modifica el sistema de prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo ni los mecanismos de control sobre esas operaciones.

Cuándo podría votarse

Con el dictamen aprobado, la Cámara de Diputados, presidida por Martín Menem, tiene previsto avanzar con una sesión el miércoles 26 de agosto para intentar convertir el proyecto en ley.

El oficialismo también busca avanzar durante agosto con otra iniciativa económica de peso: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que propone concentrar el objetivo de la entidad en la preservación del valor de la moneda y limitar su capacidad para financiar el déficit del Estado.