Denunciaron a funcionarios de Milei por el deterioro de las rutas nacionales y un posible riesgo para los automovilistas

Una denuncia penal presentada ante la Justicia Federal puso bajo la lupa a varios funcionarios del gobierno de Javier Milei por el estado de las rutas nacionales. Los abogados que impulsaron la presentación sostienen que la falta de mantenimiento, la subejecución de fondos y la ausencia de relevamientos sobre la infraestructura podrían haber generado un riesgo para quienes circulan por la red vial.

La denuncia fue presentada por los abogados José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Luis Matilla, integrantes de Reset Republicano. Entre los funcionarios señalados aparecen el ministro de Economía, Luis Caputo; autoridades de la Secretaría de Transporte; el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy; el titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Francisco Díaz Vega; y el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, además de otros funcionarios que pudieran resultar responsables.

Los denunciantes pidieron investigar si las conductas cuestionadas podrían configurar el delito de estrago, además de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. La presentación sostiene que el deterioro de las rutas no constituye solamente un problema de infraestructura, sino que podría tener consecuencias sobre la seguridad y la vida de quienes las utilizan.

Cuestionan el destino de los fondos para las rutas

Uno de los principales puntos de la denuncia está relacionado con los recursos destinados al financiamiento de obras viales. Según el escrito, el Gobierno habría recaudado alrededor de $1,5 billones destinados a rutas y obras de infraestructura, pero solamente habría ejecutado una parte de esos fondos.

Los abogados cuestionan especialmente la utilización de los recursos vinculados al fideicomiso creado por el Decreto 976/2001 y sostienen que deberían estar afectados a proyectos de infraestructura vial.

La presentación también señala la supuesta subejecución de fondos destinados al Sistema Vial Integrado (SisVial), el abandono de relevamientos sobre el estado de los caminos y la falta de aplicación específica de recursos provenientes de la Tasa sobre el Gasoil.

Para los denunciantes, esa situación podría haber contribuido a generar condiciones peligrosas para los conductores y, eventualmente, tener relación con accidentes ocurridos en rutas nacionales.

Advierten por el aumento de los accidentes

Otro de los argumentos incluidos en la denuncia apunta al supuesto incremento de la siniestralidad vial. El escrito cita distintos relevamientos y declaraciones vinculadas con el deterioro de las rutas y menciona una estimación según la cual las muertes en rutas nacionales se habrían incrementado un 300% en los últimos años.

Los abogados pidieron que esa información sea contrastada con datos oficiales sobre accidentes, estado de los caminos y tareas de mantenimiento para determinar si existe una relación entre el deterioro de la infraestructura y el aumento de los siniestros.

Qué dice la denuncia sobre el delito de estrago

La presentación busca encuadrar los hechos en el artículo 189 del Código Penal, que contempla el delito de estrago cuando, por imprudencia, negligencia, impericia o incumplimiento de reglamentos, se provoca una situación de peligro.

A partir de ese marco, los denunciantes sostienen que podría existir responsabilidad en distintos niveles de la administración pública, especialmente entre los funcionarios que tienen a su cargo el mantenimiento de las rutas y la seguridad vial.

La Justicia deberá determinar ahora si existen elementos suficientes para establecer una relación entre la falta de mantenimiento, el manejo de los fondos públicos y los accidentes registrados.

Qué medidas pidieron

Entre las medidas solicitadas, los abogados pidieron información a la Secretaría de Transporte y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial sobre el estado de las rutas y los siniestros registrados desde 2019.

También solicitaron documentación a compañías de seguros sobre accidentes ocurridos en rutas nacionales durante 2024, 2025 y 2026.

Además, pidieron incorporar a la investigación una causa tramitada ante el Juzgado Federal de Venado Tuerto, donde la Justicia había ordenado al Estado Nacional y a Vialidad Nacional realizar reparaciones urgentes en las rutas nacionales 7, 8 y 33.

La denuncia plantea, en definitiva, que el deterioro de la red vial podría configurar un riesgo continuado para quienes circulan por las rutas nacionales y reclama que la Justicia determine si hubo responsabilidades de funcionarios del Gobierno nacional.