Caso ANDIS: la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Spagnuolo, Calvete y otros 18 imputados

La Sala II de la Cámara Federal confirmó este martes los procesamientos de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Miguel Ángel Calvete, Daniel Garbellini y otros 18 imputados en la causa que investiga presuntas irregularidades en las compras de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia del programa Incluir Salud.

Spagnuolo está procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública nacional y cohecho pasivo. Los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico consideraron que la evidencia reunida permite sostener, en esta etapa, hipótesis vinculadas con asociación ilícita, defraudación contra la administración pública, negociaciones incompatibles, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho.

Según el fallo, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se habrían realizado contrataciones direccionadas y con sobreprecios, acompañadas por la presunta entrega de dádivas a funcionarios. “Se habrían realizado contrataciones direccionadas y con sobreprecios -en insumos y medicamentos-, que tuvieron como contrapartida la promesa y entrega de dádivas a funcionarios públicos, en un contexto asociativo ilícito cuya finalidad era la obtención de ganancias indebidas”, señalaron los camaristas.

La Cámara, sin embargo, redujo los montos de los embargos establecidos en primera instancia. Para Spagnuolo quedó fijado en $36.005.161.365,44; para Garbellini, en $35.909.066.365,44; y para Calvete, en $36.043.881.773,44.

El sistema de compras bajo investigación

Uno de los puntos centrales del fallo es el funcionamiento del Sistema Integrado de Información de Proveedores y Financiamiento de Insumos de Salud (SIIPFIS), utilizado en ANDIS desde junio de 2023 y al que durante mayo y junio de 2024 se incorporó un módulo para las compras PACBI.

La Cámara señaló que las irregularidades ya habían sido advertidas por la Unidad de Auditoría Interna de ANDIS en septiembre de 2024. Entre otros aspectos, había indicado que los expedientes debían acreditar las razones objetivas de urgencia o emergencia que permitieran apartarse de los procedimientos habituales de contratación.

Para los camaristas, los elementos obtenidos posteriormente durante los allanamientos permitieron profundizar esa hipótesis. El fallo menciona “la irregular incorporación de los proveedores”, la selección arbitraria de las empresas convocadas, la simulación de competencias y los mayores costos cotizados y abonados.

Los jueces también cuestionaron que la convocatoria de proveedores fuera manual: el operador podía seleccionar mediante una tilde qué empresas serían invitadas a cada proceso. Según la resolución, esto permitía definir por fuera de los mecanismos establecidos las fechas, invitaciones, cotizaciones y pagos, y otorgaba a personas ajenas a la administración pública “un poder de decisión impropio con el objetivo de obtener ventajas económicas indebidas en perjuicio del Estado Nacional”.

La hipótesis judicial sostiene además que los integrantes de la estructura conocían anticipadamente las adjudicaciones y simulaban competencia mediante oferentes que funcionaban como “pantalla”. Una vez adjudicadas las compras, según los camaristas, se garantizaba prioridad en los pagos y parte de las ganancias era distribuida entre funcionarios involucrados.

Un ejemplo de los sobreprecios

El fallo incorpora como ejemplo el medicamento Burosumab 20 mg, a partir de una comparación realizada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Según la resolución, la misma droga fue adjudicada en distintos procesos por valores muy diferentes: en algunas compras el precio unitario rondó los $21 millones y en otras superó los $45 millones.

Los jueces señalaron particularmente que en un proceso considerado “chico” el medicamento fue adjudicado a Droguería Profarma por $45.152.230,34, mientras que en un proceso “grande” la misma droga fue adjudicada a Droguería 20 de Junio por $25.012.000.

Además, remarcaron que la convocatoria del proceso “chico” permaneció abierta durante apenas 5 horas y 30 minutos, algo que, según la Cámara, “restringe aún más la concurrencia y competencia”.

Qué sostuvo la Cámara sobre Spagnuolo

La defensa de Spagnuolo había planteado que las compras PACBI no estaban dentro de sus competencias directas y que el entonces titular de ANDIS no seleccionaba proveedores, no invitaba oferentes, no evaluaba precios ni adjudicaba órdenes de compra.

La Cámara rechazó ese argumento y sostuvo que la imputación no se basa solamente en las funciones formales del cargo, sino también en “los numerosos indicios colectados que sugieren su intervención en las maniobras ilícitas desarrolladas en el seno del organismo que se encontraba a su cargo”.

Entre los elementos valorados aparecen su vínculo con Calvete, distintos encuentros y comunicaciones. Los jueces también destacaron un pedido de $5 millones que Spagnuolo habría realizado a Calvete y que, según la resolución, fue entregado el 11 de junio de 2025.

Para la Cámara, su participación no habría sido meramente pasiva. “Spagnuolo no se limitaba a validar y acompañar todo el proceso (…) sino que tuvo una activa intervención para lograr la concreción de los planes”, sostiene el fallo. Los camaristas también mencionaron la designación de Garbellini al frente del área encargada de las compras PACBI y el uso del SIIPFIS.

Garbellini y Calvete, en el centro de la investigación

Respecto de Daniel Garbellini, la Cámara le atribuyó un “rol preponderante” dentro de la estructura. El tribunal analizó mensajes en los que, según el fallo, indicaba qué droguerías debían incorporarse, cuáles debían excluirse y cuándo volver a realizar una compulsa.

Entre las comunicaciones citadas aparecen órdenes como “Vicmor alta prestador. Como está. INSUMOS” y “Neurosalud, sácalo de las invitaciones de insumos”. En otro intercambio, ante una consulta sobre una droguería, Garbellini habría respondido: “Con esta droguería no se va a trabajar más”.

Para los camaristas, esas instrucciones, que no tenían respaldo documental, solamente podían explicarse “en el contexto ilícito” investigado y permitieron “articular con mayor eficacia las finalidades ilícitas del grupo investigado”.

En cuanto a Miguel Ángel Calvete, detenido en otra causa, la resolución lo ubica como uno de los principales articuladores de la estructura. Según la Cámara, contaba con personas dentro de ANDIS que le transmitían información sobre invitaciones, planillas, pagos y futuras compulsas.

De esa manera, habría podido conocer anticipadamente “sobre qué productos, qué empresas serían invitadas y cuándo se liberarían los pagos”. Los investigadores también encontraron cuadros con porcentajes del 15%, 10%, 5% y 3%, que los jueces interpretaron como indicios de posibles comisiones.

La Cámara destacó además que entre los integrantes del grupo circulaban cotizaciones ya presentadas o por presentar y que la presunta injerencia de Calvete continuaba incluso cuando se encontraba en el exterior. Para los camaristas, los elementos reunidos son “suficientemente demostrativos del rol preponderante de Calvete en las maniobras investigadas”.

Los otros procesados y la resolución

La Cámara también confirmó los procesamientos de Pablo Atchabahian, Diego Martín D’Giano, Roger Edgar Grant, Eduardo Nelio González, Lorena Vanesa Di Giorno y otros imputados. En varios casos, los embargos quedaron establecidos en montos cercanos a los $30.000 millones.

También fueron confirmados los procesamientos de Patricia Liliana Canavesio, Ruth Noemí Lozano y Luciana Ferrari, aunque con reducción de los embargos. Para Canavesio quedó fijado en $18.587.787.787,80; para Lozano, en $18.491.692.787,80; y para Ferrari, en $29.924.471.971,20.

En el caso de Federico Maximiliano Santich, el tribunal señaló que la acusación no se apoyaba únicamente en su participación societaria en empresas vinculadas con Profarma, sino también en comunicaciones y en su presunto acceso al sistema mediante el usuario de una funcionaria de ANDIS.

La Sala II rechazó los pedidos de nulidad planteados por las defensas y confirmó los procesamientos de los principales imputados. Además de reducir los embargos, mantuvo las inhibiciones generales de bienes y las medidas dispuestas sobre las droguerías Génesis y New Farma, entre ellas la prohibición de innovar, la prohibición de distribuir dividendos y la designación de interventores informantes.

También quedaron vigentes las prohibiciones de salida del país para Andrés Horacio Arnaudo y Patricio Gustavo Rama.